Preguntas frecuentes

Puede solicitarla por teléfono en el +34 661 74 52 51, por correo electrónico a info@baulomartinmiro.com o a través del formulario de la web. Le confirmamos cita, presencial en Calle de San Bernardo 10 (Madrid) u online, normalmente en menos de 24 horas laborables.

La primera toma de contacto para valorar si su asunto es de nuestra competencia no tiene coste. Si el análisis exige estudiar documentación o emitir un criterio jurídico, le indicamos de antemano el importe de la consulta antes de realizarla, sin sorpresas.

Siempre con presupuesto por escrito y previo a la aceptación del encargo. Según el asunto trabajamos con presupuesto cerrado por actuación, cuota mensual de asesoramiento continuado o presupuesto por fases procesales. No facturamos partidas no comunicadas previamente.

Sí. Trabajamos por videoconferencia y firma electrónica con clientes de toda España y del extranjero, y nos desplazamos a la sede judicial que corresponda cuando el procedimiento lo requiere.

Contactar con un abogado antes de la declaración. La primera declaración condiciona buena parte del procedimiento: es imprescindible acceder previamente a las actuaciones, conocer los hechos imputados y decidir con criterio técnico si conviene declarar, hacerlo solo a preguntas de su defensa o acogerse al derecho a no declarar.

Sí. Todo detenido tiene derecho a designar abogado de su elección y a entrevistarse con él reservadamente antes de la declaración policial o judicial. Si no lo designa, se le asigna uno del turno de oficio.

Depende de la complejidad de la instrucción y del órgano competente. Un juicio por delito leve puede resolverse en meses, mientras que una causa económica compleja puede prolongarse varios años. En la primera consulta le damos una estimación realista de plazos y escenarios.

Sí. Ejercemos tanto la defensa del investigado como la acusación particular en representación de la víctima, incluida la reclamación de las responsabilidades civiles derivadas del delito.

Sí, es muy recomendable. Los estatutos regulan el funcionamiento societario frente a terceros; el pacto de socios ordena la relación interna: mayorías reforzadas, entrada y salida de socios, dedicación, no competencia, reparto de dividendos y salida ordenada ante un desacuerdo.

Con carácter general, veinte días hábiles desde la fecha de efectos del despido para presentar la papeleta de conciliación. Es un plazo de caducidad muy breve: conviene revisar la carta de despido de inmediato.

En muchos casos es la vía más eficiente. Analizamos la solidez jurídica de su posición, el coste y el riesgo real de litigar y, con ese criterio, negociamos un acuerdo o le recomendamos acudir al juzgado de lo social.

Solo en los supuestos previstos en el RGPD y en el artículo 34 de la LOPDGDD (entre otros, tratamientos a gran escala de datos sensibles, observación sistemática o determinados sectores regulados). Analizamos su caso y, cuando la designación es obligatoria o recomendable, prestamos el servicio de DPO externo.

Como regla general debe notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas desde que se tiene constancia, salvo que sea improbable que suponga un riesgo para los derechos de los afectados. Si el riesgo es alto, también hay que informar a las personas afectadas.

El AI Act clasifica los sistemas de IA por nivel de riesgo e impone obligaciones distintas a proveedores y a quienes los utilizan: transparencia, gobernanza de datos, supervisión humana y documentación técnica. Revisamos qué sistemas usa, qué papel jurídico tiene su empresa y qué obligaciones le resultan exigibles.

Toda la información está amparada por el secreto profesional del abogado, que es un deber y un derecho de rango legal y deontológico. La tratamos conforme al RGPD, con acceso limitado a los profesionales que intervienen en su expediente y sin cederla a terceros salvo obligación legal.